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Tras más de 25 años de aplicación, el llamado modelo Barcelona está agotado. Las razones de su crisis son diversas y se producen al mismo tiempo que la necesidad de una revisión progresista del modelo de ciudad socialdemócrata que se ha desarrollado en Europa desde los años veinte del siglo pasado. El eje del modelo Barcelona ha consistido en promover grandes acontecimientos; en favorecer un entendimiento entre la voluntad social de la iniciativa pública y los intereses de la iniciativa privada, y en otorgar a los técnicos toda la iniciativa del proyecto urbano. Sin embargo, el Ayuntamiento ya no tiene el poder, la clarividencia y la capacidad para conseguir fuertes compensaciones sociales y urbanas de los operadores privados, tal como se había conseguido a mediados de los ochenta.

Los instrumentos de la disciplina urbanística están cada vez más en entredicho

El cambio se ha producido, por lo menos, en tres sentidos. Han cambiado los operadores, que desde mediados de los años noventa forman parte del mundo financiero global y actúan con mayor desprecio por el contexto social, ambiental y urbano sobre el que intervienen. Ahora es más difícil encauzar sus intervenciones dentro de criterios municipales y en áreas de nueva centralidad, y resulta más rentable y tentador darles amplios poderes, como ya se hizo a finales de los noventa con el promotor Hines y su Diagonal Mar.

El éxito de una transformación urbana se encuentra más allá del mero “copiar” modelos; antes bien, radica en un cambio de actitud por parte de los gestores urbanos. Se encuentra asimismo en mejorar la propia capacidad de poner en marcha acciones y conjugar un poder de relación de diseure 131 eurereseñastintas variables socioespaciales, junto con una adecuada percepción de la economía mundial (considerando, por ejemplo, la globalización y liberación de los mercados). De acuerdo con esto, se necesitan gestores que sean capaces de escuchar la opinión de los ciudadanos y que amplíen su capacidad de crítica, no sólo ala-bando las situaciones positivas, sino además siendo capaces de le-vantar la voz en circunstancias adversas para la ciudad. El autor tiene la impresión de que tanto los arquitectos como los ingenieros son los únicos especialistas que toman decisiones en materia urbana, y afirma que ellos “se han apoderado del campo de la construcción de la ciudad, pensando que es sólo urbanismo, que sólo tiene que ver con la urbs. No tienen en cuenta que la ciudad es también civitas; y que por ello ha de ser un campo integrado, en colaboración con otros especialistas de lo social” (p. 92).Es necesario, por ende, plantear una nueva forma de hacer ur-banismo desde abajo, estructuradaen dos grandes pilares: democracia y presión popular. En este marco, el debate debe ser lo más amplio posi-ble, pero no sólo entre especialistas,sino considerando las opiniones y visiones populares sobre los problemas y las necesidades existentes, de modo de configurar un urbanismo más atento a las necesidades de la población de menores recursos. Para ello es necesario que los científicos sociales asuman su verdadera responsabilidad, exigiendo transparencia y debate público de todos los proyectos urbanos; en palabras del autor, es su deber “poner a los políticos y a los técnicos verdaderamente al servicio de los ciudadanos, de sus aspiraciones y de sus necesidades” (p. 106)